Perro que ladra... MUERDE

Comenzó, en Córdoba, el juicio oral y público contra el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete represores por la tortura, desaparición y muerte de cuatro jóvenes en 1977.

El general retirado, apodado “cachorro”, de 81 años, y otros siete antiguos militares están siendo juzgados por el secuestro, aplicación de tormentos y asesinato de los militantes políticos Humberto Brandalisis, Ilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo que eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), grupo principal “a exterminar” para Menéndez.

Según el expediente, todos ellos fueron secuestrados en 1977, torturados durante un mes en un centro clandestino de detención de Córdoba conocido como "La Perla" y posteriormente fusilados.

Además de Menéndez están imputados el coronel retirado Hermes Rodríguez, los suboficiales principales retirados Luis Alberto Manzanelli y Carlos Vega; el suboficial mayor retirado Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Alberto Ramón Lardone.

Los involucrados en el hecho alegaron que las cuatro personas, a las que tildaron de subversivas, habían muerto tras un enfrentamiento armado.

La acusación indicó que "los detenidos estaban vendados en forma permanente y eran obligados a permanecer acostados en colchones de paja ubicados en una cuadra, sin posibilidades de moverse y sin recibir atención médica ni sanitaria y con una alimentación deficiente", para posteriormente ser asesinados en un simulacro de enfrentamiento.

En el centro clandestino de detención de la «La Perla« "existían dos formas de eliminación de los detenidos: el retiro en camiones Mercedes Benz o “Menéndez Benz” para ser fusilados en lugares alejados del mismo predio, luego quemados y enterrados".

La otra modalidad consistía en lo que se llamaba «operativo ventilador«, en donde "los detenidos eran llevados a zonas militares, fusilados y luego hacer correr la versión oficial que se trataba de subversivos y murieron en un enfrentamiento" entre otras explicaciones de cómo se manejaban estos represores en los años 70.

Luciano Benjamín Menéndez se defendió y justificó durante todo el juicio alegando: “Me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales. La Constitución Nacional dice que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni sacado de los jueces que designaba la ley antes de los hechos. La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra patria era la ley 14.029, el Código de Justicia Militar. Ella designaba como mi juez natural al consejo supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, con todo respeto, el Tribunal que me citó, es incompetente”.

Y sobre el final de su discurso, concluyó: “No declaro pues, como no lo he hecho ante nadie que no fuera mi juez natural, a fin de ceñirme al cumplimiento de la Constitución Nacional, hoy permanentemente violada, y para no ser cómplice y facilitar a los marxistas el uso de los medios legales de la democracia, para que nos lleven al abismo de la ilegalidad y la tiranía. El nuestro es el primer país en el mundo en que los compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por y para ellos. Es incomprensible que las instituciones de la república, para defender las cuales luchamos, y persisten porque triunfamos nosotros, nos juzguen hoy, para regocijo, y peor, para facilitar el éxito de quienes quisieron y quieren destruirlas y quieren reemplazarlas por su burdo remedo comunista”.

Tanto Menéndez como los demás acusados se encuentran detenidos en establecimientos del Ejercito y algunos en su casa, amparados por la previsión del artículo 33 de la Ley 24.660, que es la prisión domiciliaria a mayores de 70 años; Ley que hace dos años la Cámara de Diputados planteó "bajar" a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, proyecto que aún hoy sigue en discución. Gozan de televisión, comida propia, baños privados, visitas, algunos de jardín y hasta piletas.

Luego de 30 años parece que las piezas empiezan a acomodarse, sobre el asunto la señora presidenta Cristina Kirchner pidió disculpas por la tardanza de la juisticia pero recalcó- casi entre lagrimas- que es mejor tarde que nunca.

A esta altura y viendo las edades de los presuntos culpables, para algunos es demasiado tarde. Por ahora los ampara la bendita Ley.